n las políticas de mercado e institucionales está el origen mismo de que la deforestación y degradación de los bosques mantenga su avance. Es sabido que un bosque barato de explotar culminará más fácilmente con su desaparición, de hecho muchas políticas no valoran convenientemente una explotación racional de los bosques, e incluso se ofrecen incentivos para que los propietarios conviertan sus montes en tierras fértiles de labor.

Por el contrario, los incentivos para el cuidado de los bosques a largo plazo no suelen ser habituales. Además, muchos países con riquezas forestales, pero en vías de desarrollo, se encuentran  atrapados en su propia deuda comercial, en cuyo equilibrio se imponen los intereses de los países industrializados, que se traducen normalmente en la deforestación como vía y a cambio de la obtención de divisas. Por otro lado, las demandas de productos forestales, influenciadas entre otros factores por los crecimientos demográficos, incrementan o favorecen en gran medida la pérdida paulatina de las masas forestales.

La contención de la deforestación mundial sólo es posible mediante la creación y aplicación de leyes y políticas, de explotación y gestión forestal sostenible, donde los objetivos ambientales, sociales y económicos se mantengan en equilibrio. Es sabido que las prácticas de deforestación generan beneficios inmediatos, pero también costes a un plazo más largo; en lenguaje coloquial podríamos decir que "lo que es pan para hoy, es hambre para mañana". Por ello, es necesario estimar adecuadamente si los costes futuros se verán compensados por los beneficios actuales.

Una directiva de Naciones Unidas recomienda que los países preserven como mínimo un 12% de aquellas masas forestales o ecosistemas más representativos. La Permanent Forest Estate, o Propiedad Forestal Permanente, es una política de planificación adoptada por algunos países para determinar cual es su patrimonio forestal, y de esta forma determinar que parte de esas extensiones son susceptibles de proteger, y cuales otras pueden ser destinadas a las actividades productivas actuales y futuras

Las leyes y reglamentos creados para hacer frente a los problemas forestales, son a menudo esquivados por los grupos de poder, que terminan buscando los productos que demandan los países industrializados en otros países en desarrollo con riquezas forestales. Estos países se ven en muchas ocasiones en la necesidad de hipotecar sus bosques, con objeto de obtener ayudas o reducir sus deudas externas. Se ha demostrado que el Programa Internacional para los Bosques Tropicales no ha conseguido parar la deforestación ni tampoco reducirla.

Se ha convenido que el problema de la deforestación no puede ser atacado en un solo frente y precisa varias vías de actuación. Es además del todo necesario que los países cooperen entre sí con una serie de políticas, que impidan que se trasciendan las fronteras sin disponer de un instrumento eficaz y de coordinación, en un tema que se estima como de interés general para los habitantes del planeta.

Las presiones de algunos colectivos de carácter ecologista o conservacionista, ya están consiguiendo que en determinados ámbitos comerciales se manifiesten políticas de carácter voluntario, tendentes a tranquilizar a los demandantes de productos forestales sobre el origen de los mismos. De esta forma ya es posible obtener certificación forestal de las maderas provenientes de bosques que se gestionan de forma sostenible, indicativo de que el consumo de esos productos no serán causa de desaparición de ninguno de ellos, ni de los daños futuros al medio ambiente.

Consumiendo estos productos de origen calificado es probable que no lleguemos a parar la desaparición total de los bosques vírgenes del planeta, pero será un elemento más para conseguir que se reduzca la deforestación, pues una mayor demanda de estos productos obligará a las productoras madereras a procurarse una gestión sostenida de esa materia prima si desean mantener su mercado.

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