tros medios de control internacional sobre explotación de recursos han tenido algunos éxitos y muchos fracasos. Entre los tratados más exitosos se encuentra el de protección de focas del norte, como las que habitan en las Islas Pribilof, en el Mar de Bering. Durante el siglo XIX se redujeron las poblaciones de focas a niveles alarmantemente bajos, como resultado de las matanzas indiscriminadas para obtención de la piel.
En 1911 Canadá, Japón, Rusia y Estados Unidos firmaron un tratado para limitar las capturas, de forma que permitiera el sostenimiento anual de población con fines comerciales. Además, las ganancias se dividían proporcionalmente entre las naciones signatarias. Desde la firma del tratado la población de focas fue en continuo aumento, habiéndose demostrado que este acuerdo ha sido un instrumento muy eficaz.
Acuerdo internacional de aves migratorias
Otro acuerdo internacional que se ha demostrado con el tiempo como excelente, en la conservación de especies que emigran entre dos o más países, es el Tratado Internacional de Aves Migratorias. Se estableció en 1918 entre Estados Unidos y Canadá, y posteriormente se adhirió México. El acuerdo limita la muerte de estas aves, y provee la protección de las crías y otros instrumentos útiles a lo largo de sus áreas de migración y de invierno.
El acuerdo internacional de 1918 entre Estados Unidos y Canadá, para la protección de las especies migratorias entre ambos países, se ha demostrado con el tiempo como excelente
Las disputas sobre las aguas jurisdiccionales
El control internacional de las especies que ocupan hábitat's en aguas internaciones y nacionales, supusieron un serio problema durante la mayor parte del siglo XX. Tradicionalmente los países costeros adoptaban 3 millas como límites de sus aguas territoriales por motivos de defensa, pues era la distancia que normalmente podían cubrir con las armas. Los avances en tecnología militar con aparición de nuevas armas con capacidad para superar esa distancia, junto con las posibilidades del poder aéreo y aero-naval durante la Segunda Guerra Mundial, hizo que las tres millas de distancia resultaran inútiles para la defensa.
Las disputas sobre los derechos de pesca llevaron a una aceptación más general de las 12 millas (22 kilómetros), como límites a las lindes de los territorios costeros nacionales. Muchos países latinoamericanos insistían en considerar las 200 millas náuticas (370 kilómetros) como distancia exclusiva desde sus orillas.
Estas disputas sobre las aguas jurisdiccionales, combinadas con el deseo de muchos países de disponer bajo su control los recursos marinos y de minerales, llevó a la primera Conferencia del Mar de Naciones Unidas en 1958, para negociar la división de los océanos y sus recursos. Se emplazó una segunda conferencia en 1960, pero ninguna reunión consiguió alcanzar un acuerdo. Se emplazó de nuevo una tercera Conferencia del Mar en 1973, y se realizaron numerosas sesiones hasta principios de 1980. Finalmente, en 1982, la Convención de la Ley del Mar era promulgada por la Conferencia de Naciones Unidas. La Convención fue rápidamente suscrita por 117 naciones, pero los Estados Unidos y otros 20 países, principalmente industrializados, no firmaron el acuerdo. De todas formas, los países que no habían suscrito la convención, sí estaban de acuerdo en que cada país costero tuviera derechos de soberanía sobre los recursos naturales dentro de las 12 millas de mar territorial, y derechos de ejercicio de actividades económicas dentro de una zona de 200 millas, a la que se le denominó Zona Económica Exclusiva (ZEE). Dentro de esa zona podían navegar libremente los buques y aviones comerciales.
Los países costeros también tienen derechos de soberanía con respecto a la exploración y explotación de la plataforma continental (200 millas desde las orillas, y en algunos casos incluso más lejos). Un buen número de países, incluso los Estados Unidos, han proclamado su soberanía dentro de la ZEE y sobre los recursos marinos y minerales que haya en ella. Esto ha llevado a algunas controversias, sobre todo con países que han ejercido derechos de pesca adquiridos tiempo atrás, y que se han visto desalojados por la fuerza tras esas decisiones unilaterales.
